Reunión Consultiva Regional de América Latina y el Caribe para avanzar en la aplicación de las Reglas de Bangkok de Naciones Unidas

Del 25 al 27 de noviembre de 2024, San José, Costa Rica, fue sede de la Reunión Consultiva Regional de América Latina y el Caribe para la implementación de las Reglas de Bangkok, con el objetivo de evaluar los avances y los desafíos en la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad. Reunión que fue organizada por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Instituto Tailandés de Justicia.

Este encuentro se caracterizó por ser un encuentro cálido y cercano con representantes de 15 países de diversos ámbitos entre estos: autoridades políticas, operadores judiciales, organizaciones no gubernamentales, defensoras y defensores de derechos humanos como: el Colectivo Artesana de Guatemala, El Colectivo Terra Trabalho e Cidadania (ITTC), Plataforma NNAPEs y de la academia, el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Valparaíso. Este fue un gran espacio para que la voz de la sociedad civil fuera escuchada.

Además, y algo muy valioso, es que en esta reunión participó la Corporación Mujeres Libres Colombia, una organización integrada por mujeres que estuvieron en prisión y que desde su experiencia aportan a la construcción de políticas y estrategias que realmente respondan a las necesidades de las mujeres en conflicto con la ley. Su testimonio y propuestas fueron fundamentales para enriquecer el diálogo y asegurar que la discusión no solo se centrara en marcos normativos, sino también en las realidades y desafíos concretos que enfrentan las mujeres que pasan o han pasado por prisión.

Durante las jornadas de trabajo, se abordaron problemáticas como: la falta de perspectiva de género en los sistemas penitenciarios, la sobrepoblación carcelaria, la escasez de medidas alternativas a la prisión y la urgente necesidad de financiamiento para programas de inclusión social. También, se discutieron estrategias para reducir la prisión preventiva que afecta de manera desproporcionada a las mujeres privadas de la libertad y a sus familias. Además, se identificaron barreras en la implementación de políticas públicas con enfoque de género.

La metodología utilizada durante la reunión fue muy valiosa y giró en torno a mesas de trabajo para la discusión y reflexión de preguntas desafiantes sobre las temáticas mencionadas, y el análisis de un estudio de caso para movilizar recursos y promover oportunidades de empleabilidad en mujeres que se encuentran en prisión o aquellas que ya han salido. También, esta metodología facilitó el conocimiento de experiencias relevantes sobre buenas prácticas para mejorar el sistema judicial y penitenciario, y evidenció la necesidad de vincular a instituciones, universidades y centros de pensamiento para lograr datos o investigaciones científicas que soporten decisiones de política pública, con el fin de impactar de manera positiva en la vida de miles de mujeres privadas de la libertad y consolidar un derecho penal más justo, equitativo y con enfoque de género.

Sin lugar a duda, esta reunión consultiva fue un espacio clave para la escucha empática de las problemáticas desde distintos lugares y actores, así como para la construcción de soluciones a estos. Un ejercicio que generó consensos, impulsó cambios estructurales y fortaleció la cooperación entre países para la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en beneficio de las mujeres privadas de la libertad.

Las y los expertos presentes coincidimos en la necesidad de establecer un nuevo mecanismo de financiamiento para fortalecer la implementación de las Reglas de Bangkok, y resaltamos la necesidad de implementar de manera urgente medidas no privativas de libertad y programas de inclusión y sensibilización social para ofrecer oportunidades a estas mujeres en la sociedad. También se propuso la creación de indicadores con el fin de evaluar el impacto de las políticas penitenciarias con perspectiva de género.

Desde la sociedad civil agradecemos a los organizadores por haber tenido en cuenta nuestra perspectiva y por brindar un espacio en el que nuestras voces pudieron ser escuchadas y tomadas en cuenta en la discusión sobre la implementación de las Reglas de Bangkok. Valoramos la oportunidad de compartir las realidades que enfrentan las mujeres privadas de libertad y aquellas que han salido de prisión, así como de aportar desde nuestra experiencia en la construcción de estrategias más efectivas y con un verdadero enfoque de género.

Esperamos que este tipo de espacios continúen fortaleciéndose y que las recomendaciones surgidas en la reunión se traduzcan en acciones concretas que mejoren las condiciones de las mujeres en conflicto con la ley. Seguiremos trabajando y colaborando para que los derechos de todas sean garantizados y para que la implementación de las Reglas de Bangkok no sea solo un compromiso en el papel, sino una realidad en la vida de miles de mujeres en la región.

Como señaló Claudia A. Cardona directora de la Corporación Mujeres Libres en Colombia:

“Las Reglas de Bangkok no son solo un marco internacional,

son una herramienta poderosa para transformar vidas”.